Revista Random conversó Mauro Benente, actual Vicepresidente del Consejo de la Magistratura y director de la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la Provincia de Buenos Aires. Además, es abogado, fanático de La Renga y fiel lector de Foucault. La reunión se realizó una mañana cálida de lunes feriado, en conmemoración del 170 aniversario del fallecimiento del Libertador de América, en el barrio porteño de Villa Crespo.
Retomamos el esquema presencial de entrevistas, con distanciamiento social, a partir de la implementación de nuevas medidas de flexibilización del ASPO. Dado que no todo nuestro staff puede circular con normalidad, nos acercamos los que estábamos más cerca y pedimos prestada una cámara; desgraciadamente no conseguimos trípode. Por ese motivo, pecamos un poco de improvisados y tuvimos que pedirle al entrevistado que nos prestara algún objeto para darle altura a la máquina, cosa de que al apoyarla en la mesa donde transcurriría el diálogo, pudiera enfocarlo bien. Mauro accedió con mucha amabilidad y nos alcanzó lo que tenía a mano: 2 ejemplares de La justicia acusada, libro que acaba de publicar junto a Federico Thea y Alberto Fernández. Cruzamos un chiste al respecto e inauguramos la conversación. La entrevista giró en torno -naturalmente- al libro, a la reforma judicial, la idea de consenso y el horizonte lejano de un poder judicial que no se empeñe en frenar las transformaciones que impulsan los proyectos populares en América Latina.
Hace poco salió “La justicia Acusada”, el libro que tuviste la oportunidad de escribir y compilar junto a Alberto Fernandez y Federico G. Thea. Parece un tanto utópica la idea de un Poder Judicial más democrático, transparente e igualitario; sin embargo, este libro nos propone pensar que ese cambio es factible. ¿Qué debates quisieron poner sobre la mesa en este texto?
Yo no sé si es utópica la idea de una justicia más democrática, creo que tenemos que hacernos cargo de que, históricamente, en los procesos populares, el poder judicial ha sido el más reacio a transformarse a sí mismo. Pienso en un libro que me marcó mucho, publicado en 1975 por un jurista exiliado después de la caída de Allende: El derecho como obstáculo para el cambio social. Eduardo Novoa Monreal, autor del texto, pensaba que el derecho se había transformado en un lastre, un obstáculo, para la transformación que impulsaba el gobierno chileno. Me parece que, como comunidad política, tenemos que hacernos cargo de que en los procesos populares el proceso judicial ha sido un freno a algunos avances, aunque también, en los últimos años, ha habido cierta masificación del discurso de derechos humanos. Hoy pasa en América Latina algo que hace mucho tiempo no pasaba, las organizaciones sociales hablan con un lenguaje de derechos, lo que permite poner ese discurso en un lugar central y no dejárselo a los operadores judiciales.
El libro, menos pretencioso de lo que mencioné anteriormente, tiene origen en una conferencia que el profesor Alberto Fernández fue a dar a la Universidad de José C. Paz, mientras Federico Thea era rector de la universidad y yo dirigía -y sigo dirigiendo- junto a él un instituto de investigación que estudiaba de cerca el Consejo de la Magistratura. El libro combina algunas cuestiones más estructurales del funcionamiento del poder judicial, que tiene que ver con los nombramientos de jueces, con los procesos de rendición de cuentas, con el funcionamiento de la corte y también cosas más puntuales que se produjeron en el poder judicial durante el gobierno de Mauricio Macri, donde existieron algunas anomalías preocupantes con gran presencia mediática que derivaron en una criminalización de la política; utilizaron al derecho penal como una herramienta de persecución. La idea del libro es mostrar que esos hechos puntuales, que se produjeron a través de los malos usos del derecho -la mala aplicación de las herramientas procesales, la mal llamada figura del “arrepentido”, la prisión preventiva- también tenían un correlato en problemas estructurales del poder judicial. El libro pone estos debates sobre la mesa, en un lenguaje lo más llano posible, para que el ciudadano se los apropie y el debate no quede entre expertos y expertas.
Existe una idea popular vinculada a que “la justicia no funciona” pero cuando se propone un debate -como el que trae el de la reforma judicial-, voces de la oposición se oponen y esgrimen un supuesto avasallamiento al orden republicano. Si bien la mayoría de los funcionarios opositores -no los que están fuera de cargos de gestión- acompañaron las medidas que dictó el gobierno para enfrentar la pandemia, cada vez que se habló de reformas estructurales no hubo acuerdos. ¿Se pueden lograr consensos con una oposición tan rabiosa, en temas como este?
Yo diría dos cosas. Primero, a mí no me queda tan claro que la justicia no funcione: la justicia funciona, pero lo hace con determinadas lógicas, determinadas prácticas, que quizás no son las que más nos interesen. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, en los cuatro años del gobierno de María Eugenia Vidal hubo un crecimiento de población privada de su libertad a una razón de 4000 personas por año. Eso se explica, por una parte, por el endurecimiento de las leyes vinculadas a determinados delitos y de algunas herramientas procesales pero también por fiscales, defensores y defensoras, jueces y juezas que poblaron esas cárceles. Con lo cual yo no diría que la justicia no funciona: a veces funciona y funciona con estas consecuencias. En términos de política criminal es inabordable porque implica construir cinco complejos penitenciarios por año para hacer lugar a esas 4000 personas anuales. Uno podría decir que la justicia funciona; lo que pasa es que funciona con algunas lógicas que quizás no nos parecen interesantes y, en ese caso, tenemos que discutirlas. Eso es lo que nos toca a quienes tienen cierta responsabilidad política y también quienes son los actores del sistema judicial.
Sobre lo segundo, es cierto ¿no? En este momento estamos en una situación en la cual la oposición al proyecto de reforma que se presentó en el senado y la creación del consejo consultivo transita por una dimensión extremadamente negativa. Es una cuestión bastante paradójica, porque son sectores de la oposición que alzan la voz, pero la alzan para pedir silencio, para que estas cosas no se discutan. No es que hay miradas alternativas desde la oposición sobre qué hacer y qué no con el sistema judicial.
Bajo esa lógica es muy difícil pensar ideas de consenso. Me parece, también, que en algunos casos hay que relativizar la idea de consenso. Digamos: la idea de consenso muchas veces implica mantener demasiado el statu quo; lo que creo es que hay que conseguir mayorías dialogadas, pero hay un sector de una minoría intensa que es muy conservadora con la cual yo creo que consensuar sería un problema. Sí tener una política de construcción de mayorías dialogadas con sectores populares y con sectores del sistema judicial que quieren transformar sus propias prácticas. Pero es esto: hay un sector muy enquistado en la política y en la justicia con el cual no sé si hay que llevar una política de consenso. Tampoco una política de desprecio, de rechazo, pero sí poner las cartas sobre la mesa y saber dónde están las diferencias.
Sí, consenso por ahí es un modismo a cultivar desde la política y hacerla más agradable a la sociedad. En este sentido: fue muy cuestionado el consejo consultivo ¿vos creés que es un consejo amplio, plural, diverso?
Sí, a ver, todavía no sabemos muy bien cómo va a transitar el producto de ese consejo. Hay un plazo y en ese plazo hay que producir una serie de informes y recomendaciones. En ese marco, después hay que ver qué se hace con eso. A mí me parece que el gran desafío es que eso no quede en un lenguaje de expertos y expertas sino que tratemos de hacer el esfuerzo –y en eso somos responsables sobre todo los que tenemos formación en derecho– de hacer las cosas en otro lenguaje, cercano al modo en el que hablan todos y todas y no en el que hablan los abogados, porque a veces no se entiende un carajo.
Entonces, yo esperaría un poco más para ver cómo es el derrotero. No me parece que la idea deba ser –o sea– que eso quede en un informe enteramente técnico y no tenga un correlato en discusión en espacios amplios donde se perciban aportes. Respecto de cómo se conformó el consejo, a mí me parece que hay dos puntos que son interesantes: está bien la distribución en géneros y está bien la distribución territorial, pero tal vez –esto es una visión personal– hay demasiados integrantes de la judicatura.
Me parece que está bien esa presencia, pero no me parece que tengamos que empezar a juzgar desde ahora esa conformación del consejo consultivo. Hay que darle un poco de tiempo, pero sí estaría atento a qué se hace con los informes que este consejo produzca. Si ese informe se transforma automáticamente en una serie de proyectos de ley y eso no tiene un apertura un poco más amplia, me parece que es el momento para reclamar. Está buenísimo que haya un momento un poco más técnico, pero la democracia no es el gobierno de los técnicos, sino el gobierno de los iguales, entonces tenemos que hacer el esfuerzo por discutir en un espacio de igualdad ese tipo de herramientas de transformación del poder judicial.
El proyecto de la Reforma de la Justicia tiene un apartado sobre la cuestión de las subrogancias. ¿Qué opinas sobre el funcionamiento actual del sistema de subrogaciones y designaciones? ¿Crees que las modificaciones que propone la reforma contribuyen a la democratización en el proceso de designación de jueces?
Bueno, la cuestión de la subrogancia es una cuestión un poco puntual, que tiene que ver con la ocupación de un cargo de juez o jueza cuando no hay un nombramiento y, mientras se genera esa vacancia, hay que ocuparlo con alguien. Dentro del esquema del funcionamiento de subrogancias, el esquema propuesto en el proyecto es súper transparente y es el que más se adecúa a un mecanismo de subrogancia en términos de ajuste a la Constitución Nacional y las leyes. En ese sentido me parece que el proyecto es inobjetable. Yo tengo un matiz con el funcionamiento en general de las subrogancias, en la estructura del juzgado. Digamos, en la Argentina (excepto en alguna provincia en que se está experimentando alguna cuestión distinta) la estructura de administración de justicia supone que hay un juzgado, que es una especie de vértice y en términos jerárquicos existen secretarías con funcionarios y abajo de eso hay empleados. Ese esquema es un esquema muy vertical que genera algunas disfuncionalidades, porque cada juzgado, como ordena hacia abajo, tiene lógicas de funcionamiento que quizás no son las mismas de otros juzgados, por más que el código que ordena su funcionamiento sea el mismo. Entonces, ya ahí veo una primera disfuncionalidad.
Después está este problema. Cuando falta un juez o una jueza hay que subrogar a ese vértice y entonces otro juez o jueza, que tiene su propio juzgado, tiene que hacer dos cosas al mismo tiempo, con todas los problemas y limitaciones que eso trae. Esos dos problemas que se generan (una fuerte verticalidad y la cuestión de qué hacer cuando se produce una vacancia) se podrían resolver con un esquema más flexible, que está previsto en el código procesal penal, de modo muy tibio (y que yo creo que hay que profundizar) y que es de un Colegio de Jueces y Juezas y una Oficina Judicial. Es decir, separar bien la función jurisdiccional, de dictar sentencia, de las cuestiones de mero trámite. Y que no es que un juez o jueza sea “propietaria” (entre mil comillas) de su secretaría con sus funcionarios y empleados, sino que vaya rotando y que algunos casos los trabaje con una secretaría, en otros con otra y con distintos empleados. Eso uniforma mucho más el trabajo, porque no es que cada juez o jueza va a poner la impronta que quiera – aunque en algunos casos sean buenas esas improntas, pero así se uniforma mucho más y resuelve mejor el esquema de subrogancias. Así, un juez o jueza no va a estar haciendo la tarea de dos juzgados al mismo tiempo, sino que una ausencia se distribuye más equitativamente entre todos los colegios de jueces y juezas. Me parece que el proyecto es muy prolijo en cómo resolver el tema subrogancias, es muy transparente.
Hace poco asumiste como director de la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Entendemos que producto de no tan acertadas gestiones anteriores, la PBA adeuda todavía muchas discusiones en relación a justicia y DDHH. Sin ir más lejos, en este momento se están realizando los estudios para determinar si el cuerpo hallado en Bahía Blanca es -o no- el de Facundo Astudillo Castro, desaparecido hace más de 100 días. ¿Cuáles considerás que son los problemas estructurales que tiene la PBA en relación al ámbito judicial y mediante qué recursos se podrían solucionar (o iniciar ese proceso)?
La respuesta es enorme. Yo diría que los problemas de justicia en la Provincia de Buenos Aires son muy diversos de acuerdo al fuero y al departamento judicial en el que estemos. Hay algunos fueros en particular que están absolutamente desbordados de causas, como el fuero de Familias, por ejemplo; y hay otros departamentos judiciales que sí están más ajustados a la estructura que tienen. En general, lo que se suele hacer en la Provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional también, es que cada vez que necesitamos responder a más demandas porque se presentan más casos, la estrategia es crear más juzgados. Eso genera muchos gastos y no resuelve el problema. O en el caso del fuero civil y comercial, por ejemplo, tenemos todavía un código de la dictadura. Eso supone, no solamente que cada vez que se pone en funcionamiento el sistema judicial aparecen las manchas de sangre de ese proceso dictatorial, sino que sigue funcionando bajo lógicas que no son las que nosotros reconocemos como válidas para resolver los problemas del presente. El sistema judicial está pensado bajo una lógica en la cual el juez o la jueza resuelve conflictos suponiendo la igualdad de las partes, lo que constituye una premisa muy liberal sobre la que se ha estructurado el derecho en Occidente. Eso no es así, no somos materialmente iguales. Hay que pensar en esquemas procesales para que aquellas personas que no puedan pagar buenas abogados no sufran esa desigualdad en el estrado. De eso nos tenemos que hacer cargo, porque podemos crear todos los juzgados que queramos, podemos pensar las mejores estructuras, pero si después las reglas del juego suponen eso, tenemos un problema.
Sobre el tema de la noticia que apareció, y con la cual tenemos que ser cautos en hacer apreciaciones rápidas, hay un problema estructural que tiene que ver con cómo investigamos los delitos que cometen o posiblemente cometieron las fuerzas de seguridad. Ahí hay un problema que no es tan sencillo de resolver, porque la propia estructura que está para cuidarnos, es la estructura que muchas veces nos ataca. Y el agravante es que las mismas fuerzas que investigan otros casos, son investigadas en ese caso. Respecto del caso de Facundo, me parece que el gobernador (Axel Kicillof) ha sido claro en que hay que esperar los resultados de las pericias, pero que si los resultados arrojan que la policía tuvo algún tipo de intervención en la desaparición, hay que ir a fondo con la investigación sobre los miembros de las fuerzas de seguridad que participaron. Argentina tiene un compromiso democrático con el “Nunca más” y ese compromiso no se puede dejar puertas afuera de los edificios de la gestión pública. En todo caso, si la policía no tomó intervención en este hecho en particular, eso no es obstáculo para pensar que eso puede pasar. ¿Qué se hizo en este caso en puntual? La Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires pidió el apartamiento de la policía bonaerense cuando el caso se presentó en la justicia federal. ¿Eso alcanza? No, pero son las herramientas que por ahora tenemos para apartar a la fuerza implicada. Tenemos que mejorar los mecanismos de rendición de cuentas de las fuerzas que participan en los procesos de posible violencia institucional. Y a la par de mejorarlos, tenemos que tener herramientas judiciales para investigar casos en la que la propia fuerza que investiga a otros, es ahora investigada.
Durante la gestión de Vidal, sancionaron la ley que reformó el Consejo de la Magistratura y la de Procedimiento laboral, por ejemplo, como también hubo un proyecto de reforma de la justicia bonaerense que no llegó a concretarse. ¿Qué balance tenés al respecto y cuáles son los desafíos para esta nueva etapa en relación al funcionamiento de la justicia en la provincia y que rol tiene que tener el Consejo de la Magistratura en este sentido?
Las dos leyes, que finalmente se aprobaron de la reforma judicial que impulsó Vidal, tienen que ver con el nuevo procedimiento laboral y con una reforma en el Consejo de la Magistratura. El procedimiento de reforma laboral yo diría que fue un buen ejemplo de fuego artificial: en el momento todos aplauden las luces, cuando las luces se van hay un poco de humo que desorienta, y cuando se va el humo no hay nada. No se puso en práctica esa reforma, ni siquiera se conformó la comisión encargada de ponerla en práctica. Nosotros en el mes de marzo habíamos iniciado las conversaciones con la Corte para ponerla en funcionamiento, pero nos agarró la pandemia y las prioridades cambiaron. Lo que puedo opinar sobre esa reforma es que fue una medida sin el debido estudio previo y que después no pusieron en práctica.
La reforma del Consejo de la Magistratura, que nosotros en algunas banderas compartimos, venía -supuestamente- a quitar la discrecionalidad que acostumbraba tener el Consejo en el proceso de selección de jueces y de juezas, de fiscales y fiscalas. Lo cierto es que eso fue mucho más tibio que en los anuncios y no se tradujo en el reglamento que ordena el Consejo. El reglamento tiene márgenes de discrecionalidad que no son buenos y a nosotros, como representantes del ejecutivo, no nos gustan. Nosotros queremos perfiles que tengan trayectoria profesional pero también formación académica, compromiso con la democracia y los DDHH y que conozcan las desigualdades profundas que existen en el territorio bonaerense. En función de eso, tenemos algunas diferencias con cómo funciona el sistema de evaluación y nos gustaría que la discrecionalidad sea menor. Que eso cambie no depende solo de nosotros, necesitamos acuerdo con el resto de los actores que componen el Consejo. Desde el ejecutivo, fuimos los que impulsamos un acuerdo con la gobernación para informatizar todo el sistema del Consejo de la Magistratura y pusimos algunos ajustes reglamentarios para poder funcionar en la pandemia. En algún momento, probablemente no en un corto plazo, queremos revisar algunos aspectos del funcionamiento que nos permitan avanzar en ese modelo de juez y jueza, para los cuales hay que ajustar algunas lógicas de evaluación y erradicar la discrecionalidad del proceso de selección. Esto no implica “despolitizar” al Consejo de la Magistratura. Política viene de polis, del lugar de encuentro y tratamiento de los asuntos comunes; para nosotros es un asunto común que los jueces y juezas, fiscales y funcionarios, estén comprometidos con la democracia y los DDHH. Queremos una política que marque ese sendero de funcionarios y funcionarios judiciales. La palabra no es despolitizar, es desmercantilizar. Tenemos que desmercantilizar el Consejo. Cuando una va al mercado no va pensando en el bien común, va pensando en el bienestar individual. Esa es la lógica que impera en el Consejo, existen sectores que buscan su propio beneficio y no el beneficio de todos. Eso no es política, si uno privilegia el interés particular por sobre el interés común, está haciendo mercantilismo.
Hace pocos días se dio el episodio del Fiscal Terán, que ejerció violencia de género sobre una periodista; también está el antecedente del juez Gemignani que fue denunciado por ejercer acoso y violencia laboral. Desde diversos ámbitos hace ya tiempo se plantea la falta de perspectiva de género en el ámbito judicial. ¿Qué rol debería tener el Consejo de la Magistratura en modificar estas situaciones? ¿Creés que la reforma de la Justicia es una oportunidad para controlar la formación de los jueces en la materia, por ejemplo, al momento de concursar por los cargos?
Sí, absolutamente. Gemignani es un juez que ordenó la detención, el arresto de una de sus secretarias, eso motivó una sanción, una multa de 35% de su sueldo, pero nada más: es como si hubiera pagado un mes el impuesto a las ganancias.
Necesitamos más juezas en todos los fueros, en primera instancia, en la Cámara… Tenemos una vacante en la Corte, que no hay apuro por definir a la persona pero queremos que sea mujer. Primero tenemos ese punto, necesitamos más mujeres en la estructura judicial. Después hay un problema estructural con el funcionamiento de la judicatura que es no solamente la falta de formación continua en cuestiones vinculadas a la justicia de género, y de la diversidad sexual (yo agregaría también la justicia de clase) sino que es la falta de formación continua. Los jueces y las juezas son cargos vitalicios y no tienen deber de formación continua. Lo que muestra la falta de formación en temas de género es algo que es estructural en términos de problemas que seguimos teniendo los varones con cuestiones vinculadas a las injusticias de género, pero es un problema que está en todos los planos. No hay información de tener formación continua en ningún tema.
Ese es el primer punto que tenemos que empezar a revisar. Y lo segundo: ¿qué puede hacer el Consejo de la Magistratura, a nivel nacional, ahora? Puede empezar a evaluar un poco estas cosas. Nosotros hicimos un estudio, revisamos los temarios de 144 concursos, de jueces y juezas en el Consejo [de la Magistratura] de Nación. Y eso fue durante muchos años, concursos de 10 años de diferencia, para que no haya sesgo en términos de quién era oficialismo, ni oposición, ni nada. De 144 concursos vimos que solamente en 11 había, dentro del temario, alguna cuestión vinculada a injusticias por redistribución, vinculadas a la estructura económica, y a injusticias por razones de género. Ahí el Consejo podría tener una política un poco más fuerte, decir: “todas las evaluaciones para ocupar cargos judiciales tienen que demostrar conocimiento en estas áreas, independientemente del cargo a concursar, del fuero, de la instancia, y demás.”
Después hay algo que ya no depende tanto del Consejo, pero hay que tener una política pública al respecto; tiene que ver con esto que decía de una formación continua, porque uno puede tener el mejor proceso de selección, pero si después no hay formación periódica en un cargo vitalicio no tenemos garantía de que eso funcione. Me parece que ahí hay un punto a trabajar, que no se reduce, diría yo, a las cuestiones de género, sino que se amplía en otras cuestiones que tienen que ver con la obligación de formación continua y de rendición de cuentas.
Llegamos al final de la entrevista y no podemos cerrarla de otra manera que no sea con las tres cosas Random: Un disco, una serie y un libro. ¿Cuales y por qué?
Serie se las debo [risas]. En serio, creo que la última serie que vi entera fue cuando vivía en la casa de mis viejos y mirábamos “Gasoleros”. Les cambio series por decir un libro más. Los libros: El capital de Marx y Vigilar y castigar de Foucault. No se si hoy los leería de la misma manera que en su momento, no se si estaría de acuerdo con todo lo que se plantea ahí, pero si son libros que me generaron efectos zarpados al leerlos. En el caso de “Vigilar y castigar” por cómo las relaciones de poder penetran al interior de los cuerpos, por cómo moldean subjetividades, por hacernos cargo de que somos relaciones de poder. En la misma línea, “El capital” pone sobre la mesa cómo una relación social particular -la vinculada a la producción y acumulación del capital- también tiene efectos muy fuertes sobre la subjetividad. No se si son los mejores libros para la playa [risas], pero sí son libros que me generaron un impacto muy grande. Y disco… “Despedazado por mil partes”, de La Renga. Porque es un discazo y porque el último se llama “hablando de la libertad”, me parece que cerrar un disco hablando de la libertad y no hablé de la libertad, es decir, hablando, invitando constantemente a hacerlo, también me genera una sensación interesante. Siempre tenemos que hablar de la libertad.
Revista Rándom. Fantasmas de lo nuevo 