¿Será justicia?

Por Sofía Schapira y Lucía Raimundi

Un reclamo colectivo

El 9 de febrero de este año, en la ciudad de Rojas, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, sucedió un hecho tan horrible como evitable: el femicidio de Úrsula Bahillo, de apenas 18 años, a manos de su ex pareja. Este hecho tuvo un impacto enorme, no sólo por la brutalidad del acto, sino particularmente por su previsibilidad. Úrsula había recurrido a distintas oficinas públicas en 18 ocasiones para denunciar la violencia que estaba viviendo pero, ante un Estado ausente, todo terminó de la peor manera. Los ecos de este caso se hicieron escuchar rápidamente y el país se llenó de panfletos con la cara de Úrsula y con un pedido urgente: reforma judicial feminista ya. Pero ¿qué significa este reclamo? ¿Qué tiene que ver con casos como el de Úrsula? ¿Por qué se habla de reforma judicial feminista?

Según los datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los 252 femicidios que tuvieron lugar en el año 2019, un 15% habían realizado denuncias previas. Lamentablemente, la justicia no estuvo a la altura, y esas 42 mujeres tuvieron el peor final posible.

Debido a las reiteradas injusticias, al hartazgo generalizado y a la búsqueda de respuestas, el reclamo por una reforma judicial feminista viene teniendo peso propio. Cuando pedimos esta reforma, hablamos de muchas cosas a la vez: nos referimos a procesos judiciales con una perspectiva de género transversal, a una administración de la justicia accesible, a una democratización del poder judicial en su conjunto, a una descentralización de los centros de acceso a la justicia, a procesos más ágiles, no punitivistas y no revictimizadores.

DESCONTENTO GENERALIZADO

Una sensación (o sentimiento) generalizado en el imaginario colectivo es que que la solución a la violencia que sufrimos las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ se soluciona con penas más altas, o inclusive con pena de muerte, pero quienes integramos al colectivo feminista proponemos algo diametralmente opuesto. Lo que se propone es una reforma no punitivista, es decir, que no pide penas más duras sino cambios estructurales.

La reforma judicial feminista como bandera política tiene como base la ausencia de respuestas de un poder tan trascendental en nuestras vidas como lo es el Poder Judicial. Según algunos estudios, un 79% de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina consideran que la Justicia es ineficiente en todos sus ámbitos, y este mal funcionamiento se encuentra íntimamente relacionado con su composición, con la ausencia de abordajes integrales, con la falta de capacitación de sus funcionarios en todos los niveles y, lo más importante, con la ausencia de conciencia de género al momento de tomar decisiones. Entre 2010 y 2015, la credibilidad en el Poder Judicial por parte de los ciudadanos argentinos era de entre un 20 y un 22%, es decir, uno de cada cinco argentines confiaba en el poder judicial. Del 2015 al 2018, ese número bajó al 7,5%, una confianza bajísima a nivel general.

Una situación muy peculiar que ocurre en nuestro país es que, si bien la política legislativa se encuentra a la vanguardia de muchos otros países de la región, las cifras de mujeres asesinadas siguen en aumento.  

¿Ahora que sí nos ven?

Explicado el panorama, ¿cuáles son algunas de las propuestas concretas que tienen aquellas que encabezan la cruzada por una reforma judicial feminista? 

Para empezar, una de las propuestas es la paridad, no sólo en las ternas de selección de jueces sino en el propio jurado que define dicho proceso, por lo que se plantea realizar una reforma al Consejo de la Magistratura con una perspectiva de género integral. Vivimos en un país en el que el 56% del poder judicial está compuesto por mujeres, pero entre ellas solo el 31% del total llega a lugares de toma de decisiones; en otras palabras, alrededor del 70% de quienes se encuentran en un puesto de toma de decisiones importantes en la justicia son varones, lo que se conoce como techo de cristal. Esto se replica en peor medida en los 24 Ministerios Públicos Fiscales provinciales y de CABA: todos los jefes de dichos organismos son hombres. Y si vamos al cúspide del Poder Judicial argentino, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vemos que solo hay una jueza mujer entre sus cinco integrantes. Para esto se proponen distintas acciones positivas para remover los obstáculos que nos impiden a las mujeres y diversidades acceder a lugares de poder. Sin dudas, también hay que impulsar la incorporación de la comunidad LGBTIQ+ al poder judicial, los juzgados en sus distintos niveles deben ser más similares a la composición real de la sociedad, tener visiones diversas.

En un segundo punto, la traba fundamental y que atraviesa por completo el reclamo es la dificultad de acceso a la justicia. Uno de los objetivos de la reforma es mejorar la accesibilidad para que el paso por los tribunales sea un proceso mucho más rápido y  ágil. Los Centros de Acceso a la Justicia (denominados CAJ) son la mejor forma, hoy en día, de acceder a nuestro poder judicial. La propuesta conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es federalizar la política y, a mediano plazo, articular con los Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad que planea construir el gobierno en todas las provincias. 

También hay distintas medidas que parecen pequeñas pero no lo son. Para dar un ejemplo, respecto de las famosas “prohibiciones de acercamiento”, se plantea modificar el reparto de botones antipánico, los cuales se ha demostrado, terminan siendo insuficientes e inclusive terminan consiguiendo que  la responsabilidad recaiga en quien atraviesa la situación de violencia. La propuesta que busca transformar esta realidad es la implementación de pulseras electrónicas duales que informen la violación de la medida. En una primera prueba, demostraron casi un 100% de efectividad, pero lamentablemente se han entregado alrededor de la mitad de los dispositivos disponibles debido a la discrecionalidad de los jueces a cargo de su aplicación.

Otra alternativa proveniente del Consejo de la Magistratura es la creación de un registro público y transparente de todos los jueces involucrados en casos relacionados a la violencia de género o que hayan decidido fallar sin seguir aplicar una perspectiva de género. Este punto surge a partir de un Acuerdo de Solución Amistosa en el caso de Olga del Rosario Díaz ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas. En este caso, Olga había iniciado una primera denuncia por violencia de género contra el padre de sus hijos, que se resuelve 15 años después. En 2017, este hombre intenta asesinarla, por lo que Olga estuvo internada durante 45 días en estado grave. La historia tiene un final feliz, ella por suerte logró sobrevivir. Olga inicia una nueva denuncia, en paralelo a la causa anterior, y ambas siguen caminos diametralmente opuestos: una de ellas se resuelve con sobreseimiento y la otra con una pena de 20 años de prisión. El Estado Argentino fue denunciado ante la CEDAW por incumplir sus obligaciones para prevenir hechos de violencia de género en este caso, particularmente graves después del intento de femicidio. En el marco del mencionado acuerdo, el Estado reconoció públicamente su responsabilidad por las violaciones a los Derechos Humanos sufridas por Olga y se comprometió a tomar medidas de reparación integral para ella y su familia; también allí se plantea la necesidad de crear este registro, ya que los jueces son funcionarios públicos y la población tiene derecho a la publicidad, a saber cómo fallan y quiénes son.

La Justicia será feminista o no será

La realidad objetiva es que cuando interviene alguna de las 25 organizaciones judiciales (una por cada provincia, una por CABA y otra a nivel federal) frente a un conflicto en el que participan mujeres o personas de la comunidad LGBTIQ+, generalmente se traduce en vulneraciones de derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Pero qué significan estas violaciones? Entendemos que la administración de justicia es el ámbito por definición para garantizar derechos, para evitar que se produzcan nuevos hechos violentos. Si el ámbito reservado específicamente para resolver conflictos vuelve a vulnerar a quienes fueron víctimas, el problema es doble.

Cuando se desoyen denuncias, se expone a la gente a procesos engorrosos e innecesarios, cuando se criminalizan decisiones como sucedía con la interrupción del embarazo previo a la sanción de la IVE, cuando hay divisiones patrimoniales injustas, cuando no se reconocen indemnizaciones laborales en casos de hostigamiento en el trabajo, podemos ampliar la visión y descubrir que los perjuicios no se limitan  a las violencias más duras del fuero penal sino a todos los ámbitos del día a día, a todos los fueros judiciales. Porque para poder tener justicia y una democracia que nos incluya a todos y a todas necesitamos perspectiva de género en el último poder que nos queda por reformar y así, finalmente… Será justicia.