Apocalipsisi o no

Entre la soja y la pared

"A raíz de investigaciones, conversaciones con especialistas y sucesos espurios como la repentina muerte por intoxicación de Rubén Portillo Cáceres, nos propusimos desentrañar esos mapas de poder con olor a pesticida que acechan sobre muchas comunidades rurales."

“Que vuelen muchas abejas
Y polinicen tu flor
Que a mi escuelita del campo
No la fumigue un avión.”

Canciones urgentes para mi tierra

En este artículo me propongo contarles acerca del caso de la Colonia Yerutí, un territorio pequeño ubicado en el departamento de Canindeyú, corazón del agronegocio sojero. A raíz de investigaciones, conversaciones con especialistas y sucesos espurios como la repentina muerte por intoxicación de Rubén Portillo Cáceres, nos propusimos desentrañar esos mapas de poder con olor a pesticida que acechan sobre muchas comunidades rurales. Tomando un caso minúsculo como el de esta colonia, inmersa en uno de los países más pobres y con mayor migración por falta de oportunidades de nuestro continente, buscamos exponer en qué forma se violan los derechos humanos a través de tragedias ambientales.

La Colonia Yerutí

La colonia Yerutí se encuentra en Paraguay, en el departamento de Canindeyú, a veinte kilómetros de la ciudad más poblada del departamento y a tan solo diez de la ruta nacional Nº 10 que conduce a la frontera con Brasil. Esta colonia se conformó en los años ‘90 en el marco de la reforma agraria; las tierras eran propiedad del Estado paraguayo, específicamente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Según el investigador Hugo Valiente, estas tierras pertenecían originalmente a Emigdio Riveros, ex viceministro de Educación de Alfredo Stroessner (dictador del país desde 1954 hasta 1989), que debió entregarlas al Estado en reparación por los delitos cometidos durante el gobierno de facto. Las tierras fueron otorgadas al Ministerio de Hacienda, que a su vez las adjudicó al entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) –el actual INDERT– y este se las distribuyó a los campesinos beneficiarios de la reforma agraria.

En el año 2011 se calculaba que había aproximadamente 400 habitantes, de los cuales casi la mitad eran niñes, pero este número fue bajando drásticamente debido a las violaciones de derechos humanos que sufrieron estos últimos años.

Vestigios del horror

¿Qué pasó en Colonia Yerutí? Durante los últimos veinte años, en las tierras lindantes a la colonia se instalaron distintas empresas brasileñas dedicadas al monocultivo mecanizado de especies genéticamente modificadas: las tres principales son Estancia Campos Morombí S.A., Cóndor S.A. y Hermanos Galhera Agrovalle del Sol S.A., también conocida como el Condominio Galhera Hermanos. Estas empresas con sus monocultivos, fundamentalmente de soja transgénica, realizan constantes fumigaciones con potentes agrotóxicos desde tractores y avionetas, contaminando todo el hábitat de la colonia. La soja que siembran se encuentra incluso al costado de las chacras familiares y de los senderos públicos que conducen hacia la colonia, incumpliendo todas las barreras exigidas por ley.

El día 3 de enero de 2011, uno de los pobladores de la colonia de tan solo 26 años, Rubén Portillo Cáceres, presentó un cuadro febril acompañado de vómitos, diarrea, dolores intensos y malestar general. En las semanas anteriores le habían aparecido granos que supuraban en la boca, la cara y los dedos. Continuó sintiéndose mal por varios días, hasta el 6 de enero, cuando su cuadro empeoró abruptamente. Lo llevaron al puesto de salud de la colonia, donde el médico presente le suministró un medicamento comúnmente utilizado para tratar náuseas y vómitos, pero el cuadro clínico no mostró mejoras. Algunas horas después volvió a acudir al puesto de salud, donde el mismo médico le dijo que debía consumir miel para subir la presión; en este punto de la situación, Rubén se encontraba en un estado crítico. Al ver que no mejoraba, su hermana alquiló el auto de un vecino para llevarlo al Hospital Distrital de Curuguaty, a cuatro horas de distancia de la colonia. Lamentablemente, Rubén sufrió un shock en el camino y falleció antes de llegar.

En los días siguientes hubo 22 personas de la comunidad que requirieron atención médica por síntomas similares a los de Rubén, incluidos su esposa e hijo, muchos de los cuales debieron quedar internados. Para llegar al hospital y recibir una atención médica adecuada, tuvieron que recorrer más de 40 kilómetros, ya que no hay ningún centro médico más cercano que cuente con el equipamiento necesario. Al no tener transporte público ni ambulancias que realicen el trayecto, todos ellos debieron depender de la buena voluntad de los vecinos que contaban con auto para que los lleven al hospital. De no ser así, probablemente hubiesen corrido una suerte similar a la de Rubén.

Colonia Yeruti – Codehupy

Quienes los vieron y trataron en el hospital pudieron afirmar que se trataba de síntomas característicos de una intoxicación aguda por pesticidas. Esto no pudo asegurarse posteriormente con tenor científico, ya que no se realizó ni una autopsia del cuerpo de Rubén, ni una evaluación médica completa a las personas de la comunidad que presentaron síntomas similares.

Rubén Portillo Cáceres y su familia, al igual que muchas otras familias de la colonia, no contaban con un suministro de agua potable y se abastecían directamente de un pozo de agua. Desde hacía casi una década que ya no se usaban distintos flujos de agua cercanos para la pesca ni para bañarse debido al nivel de contaminación que tenían, producto de los agroquímicos utilizados para la agricultura en la región. Esto sucedía principalmente por dos motivos: por un lado, porque la lluvia arrastraba los químicos de las plantaciones y éstos terminaban en los arroyos; por el otro, porque las propias empresas sojeras utilizaban los arroyos para lavar los tanques de agrotóxicos.

El Laboratorio de Residuos de plaguicidas y micotoxinas de la Dirección de Control y fiscalización del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) realizó un análisis del agua que se encontraba en la propiedad de Rubén Portillo Cáceres, y llegó a la conclusión de que en ella se encontraban tres sustancias químicas: aldrín, endosulfán y lindano. Pese a haberse realizado este descubrimiento y haberse añadido este informe a la carpeta de investigación del caso, nunca se realizó un dictamen técnico para confirmar que éste fuera el motivo de intoxicación de Rubén y de sus familiares y vecinos.

Desde la colonia plantearon dos procesos paralelos: uno a nivel local, iniciado por el personal del Hospital Distrital de Curuguaty, y uno a nivel internacional, ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este último proceso fue ganado por los demandantes, las familias Bordón y Portillo, vecinas entre sí en la colonia, y se convirtió en el primer caso de este tipo en lograr una condena en el sistema internacional latinoamericano. Lamentablemente, esta victoria no tuvo mucho impacto en Paraguay, más allá de ser un faro de esperanza para los pobladores de la colonia.

Debido a la baja calidad de vida en los últimos quince años, los pobladores de la colonia comenzaron un proceso de migración masiva. Esto es lo que se denomina refugiados ambientales, son individuos que fueron forzados a abandonar su domicilio debido a un trastorno ambiental que puso en juego su calidad de vida. Las empresas brasileñas aprovechan los traslados para comprar las tierras que antes pertenecían a los campesinos y así aumentar su extensión de tierras disponibles para continuar plantando soja y otros granos, cada vez más cerca de las viviendas de los pobladores que continúan viviendo en Yerutí. Es un proceso cíclico, a más tierras, más plantaciones. El cuento de la buena pipa.

Otra de las consecuencias de la disminución de la población de la colonia fue la disminución, como es lógico, de la matrícula del colegio N° 5757 “San Felipe y Santiago”, que en 2019 quedó con tan solo seis alumnos. En este contexto, el docente a cargo dejó de asistir a la escuela, por lo que el Ministerio de Educación y Ciencia tomó la decisión de cerrar el colegio y no ofrecerles ninguna alternativa a todos los chicos en edad escolar. Se presentó un amparo por parte de una de las familias para obtener una solución, y las únicas dos alternativas para los niños y adolescentes de la colonia en este momento son o bien no tener ningún tipo de formación escolar, o bien caminar 10 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta por caminos rodeados de sojales sin ninguna barrera o elemento de protección, exponiéndose nuevamente a los agrotóxicos.

Un Estado capturado por el agronegocio

En la República del Paraguay existe abundante normativa que busca evitar este tipo de situaciones: la ley de impacto ambiental 294/93, la ley 716/96 sobre la sanción de delitos contra el medio ambiente, el decreto 2048/04 y la resolución 485/03 del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Estatuto Agrario, entre otros. Sin embargo, es notorio que ni el Estado Nacional ni las empresas de monocultivos decidieron hacerlos cumplir. Por eso cabe preguntarnos ¿cuáles son los mecanismos que permiten que las empresas trasnacionales de monocultivos de soja (Estancia Campos Morombí S.A., Cóndor S.A. y Hermanos Galhera Agrovalle del Sol S.A.) violen los derechos de los pobladores de la Colonia Yerutí?

Esta pregunta le planteamos en una entrevista a Hugo Valiente, miembro de Codehupy (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay), investigador y abogado del caso. Según Valiente, una de las principales causas de impunidad de las empresas de monocultivo de semillas genéticamente modificadas en el país radica en el sistema tributario paraguayo:

“Paraguay es un país con una presión tributaria bajísima, con un sistema de injusticia fiscal brutal, con un sistema tributario regresivo, pero donde este tipo de empresas que tiene capturado al Estado tiene un régimen tributario de exenciones y de liberaciones y de un montón de cosas que prácticamente convierten al país en un paraíso fiscal. Sin ese control de política fiscal sobre estos grandes capitales, yo creo que se generan todas las condiciones para que, a partir de ahí, estas empresas tengan la impunidad de hacer cualquier cosas. Creo que ese es un factor determinante. Para poder responsabilizar a las empresas por el incumplimiento de derechos humanos y, a partir de ahí, por el incumplimiento de cualquier tipo de normativa, es fundamental tener sistemas fiscales súper estrictos y fortalecidos que ejerzan un control muy cercano e independiente, muy riguroso sobre las ganancias y sobre el movimiento de capitales en general.”

De acuerdo a un informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) de 2017, la mitad de los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal (IRP) con mayores ingresos brutos declarados en el año 2016 no pagaron ni un solo guaraní en concepto de dicho impuesto. ¿El motivo? Las facilidades de deducción de impuestos que brinda la ley tributaria paraguaya.}

Yerutí, una colonia con nubes de agrotóxicos

Enrique Gauto, secretario ejecutivo de Codehupy, establece que uno de los principales desafíos del sistema tributario paraguayo es su dependencia a los impuestos indirectos, particularmente a través del IVA, y su baja recaudación a través de impuestos directos, destinados específicamente a quienes tienen grandes patrimonios o altos ingresos. El autor nos indica que el porcentaje de impuestos directos de Paraguay es del 20% (y del 80% respecto a impuestos indirectos) cuando la media latinoamericana es del 31% para este tipo de impuestos.

Que las leyes tributarias paraguayas sean tan laxas con los grupos de poder concentrados no es una casualidad; ya lo mencionaba Valiente, esta problemática se relaciona estrechamente con la corrupción estatal. Citando textual, “el Estado paraguayo es un Estado capturado por el agronegocio”.

En las sociedades latinoamericanas, una de las mayores causas de fragilidad económica ha sido la enorme desigualdad social, que genera a su vez situaciones inequitativas y dificulta la cohesión social; esto se debe en gran parte a la fiscalidad, que es uno de los mayores mecanismos para generar equidad social de manera gradual, permanente y sistemática.

Todo esto se ve claramente en la colonia Yerutí, donde las empresas brasileñas aprovechan las vastas tierras supuestamente disponibles –no olvidemos que son propiedad del Estado–, la cercanía territorial con la República Federativa de Brasil y los bajos requisitos impositivos paraguayos para continuar con la explotación agrícola.

Este proceso no es exclusivo de la colonia, se vive en toda la región. La adquisición de tierras paraguayas por parte de empresas brasileñas se produjo principalmente durante la dictadura de Stroessner, de 1954 a 1989, por las posibilidades de este país en contraposición a la concentración de tierras que se vivía en Brasil. Mientras que en el primer Censo Agropecuario realizado en 1956 había un 0,4% del total de las tierras utilizadas para explotación agrícola en manos de empresas brasileñas, para 1991 este porcentaje era del 5,2%. Si bien en el último censo de 2008 este número había bajado a nivel nacional al 3,2%, en Canindeyú el porcentaje de tierras en manos de empresas brasileñas era del 16,2% del total. El departamento de Canindeyú es considerado hoy en día como el departamento paraguayo con mayor grado de conflictividad respecto a la tierra.

Los intereses de los grandes grupos concentrados de poder –y particularmente el sector vinculado a la ganadería y la agricultura de especies genéticamente modificadas– tienen gran influencia en el Estado paraguayo desde la larga dictadura militar en adelante. Estos grupos tienen acceso a posiciones de poder y a decisiones legislativas y administrativas que luego los ponen en un lugar privilegiado para seguir con sus negocios habituales. Lo mismo sucede con quienes están en el Poder Judicial; es moneda corriente el festejo cuando llegan causas relacionadas a denuncias ambientales a las unidades penales fiscales; los fiscales saben que van a poder cobrar coimas y continuar con el status quo.

En un Paraguay que considera desde 1992 el derecho a un ambiente saludable como un derecho de rango constitucional, que cuenta con un Sistema Nacional del Ambiente (Ley Nº. 1561/00), que desde 2005 tiene una Política Ambiental Nacional (PAN) por parte de la antigua Secretaría de Ambiente, con la jerarquización a ministerio de dicha secretaría, pasando a ser el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2018 y con un marco normativo nacional e internacional que crece constantemente, uno tendería a pensar que la balanza se inclinaría en favor de quienes quieren proteger el medio ambiente. Esto, como ya hemos comprobado, no es así. Paraguay se encuentra dentro de los últimos lugares de inversión social e infraestructura, pero es el cuarto país dentro del ranking de exportadores de soja. A su vez, en el país se importan siete kilos y medio de agroquímicos por habitante al año.

De esto hablan Achucarro et al. cuando dicen que el derecho ambiental “resultó insuficiente para plasmar las disposiciones en realidades. Las designaciones sobre quienes ocuparían la cabeza del ente rector respondieron más a las viejas y arraigadas prácticas políticas partidarias y/o afines al poder económico del sector privado, antes que a un análisis acabado sobre las personas más aptas para ocupar un cargo de tal relevancia.”

Un documental realizado en Paraguay demostró que hay un daño genético de un 45,9% en los niños que viven en lugares cercanos a campos de soja, muchísimo mayor que el de los niños del mismo país que viven cerca de zonas de agricultura ecológica.

¿Qué pasa ahora?

Lo que sucedió con Rubén Portillo Cáceres y todo lo que continúan viviendo los campesinos que habitan en la colonia Yerutí es un ejemplo doloroso de una situación sistemática que se vive en la República del Paraguay. La reiteración de este tipo de casos nos hacen dar cuenta de una problemática estructural, fuertemente enraizada en la sociedad y en el gobierno paraguayos.

En un sistema político con resabios visibles de una larga dictadura, donde los grupos económicos poderosos se encuentran a ambos lados del mostrador, perseguir el camino de la justicia hacia una vida más digna y justa es un proceso largo y tortuoso. No habrá una verdadera situación de justicia hasta que no empiecen a cumplirse las leyes y fallos, hasta que los sistemas tributarios no sean más equitativos, hasta que no se empiece a cuidar al medioambiente y a las personas que lo habitan, hasta que los derechos humanos no sean para todos por igual. El caso de colonia Yerutí no es el primero de su tipo, y lamentablemente no será el último, pero el pueblo paraguayo continuará exigiendo justicia y reparación.

Bibliografía

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