Por Mateo Barros y Alexis Schamne Aráoz
Hoy se cumplen 12 días desde que se desató la polémica en torno a la habilitación para la exploración de gas y petróleo off shore en el Mar Argentino. Más allá de los incesantes intercambios entre “desarrollistas” y “ambientalistas” que colmaron las redes sociales y los portales de noticias, queda claro que el debate entró en una etapa de estancamiento. Lo que empezó como una contraposición de argumentos sobre un tema que, nobleza obliga, solo estaba en la agenda de las ciudades de la costa atlántica, se convirtió rápidamente en un diálogo de sordos que acentuó la división entre quienes están a favor, en contra, o tienen dudas al respecto. División que no tardó en trasladarse a la militancia y a las fuerzas que componen el Frente de Todos.
Al margen de los tecnicismos esgrimidos por ambas partes, está quedando fuera de los incontables análisis que se han escrito que, si llegamos a este punto de aparente no retorno, es porque falló la política. Y el principal responsable de eso, aunque nos cueste decirlo, es el Gobierno Nacional.
Durante julio de 2021 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó a tres jornadas de audiencia pública para discutir este proyecto de exploración. En esa instancia, muchos sectores de la comunidad se manifestaron en contra. En el mismo sentido se expresaron representantes de los sectores productivos como el turismo y la pesca. Este dato no tiene el afán de enaltecer esta instancia de consulta popular como factor decisivo a la hora de evaluar la factibilidad de una política pública, sino de recordar que existió una primera bandera roja a tener en cuenta.
Para terminar de rematar la credibilidad de está iniciativa, la habilitación se publicó en el Boletín Oficial el último día hábil del año. Este hecho pudo haber sido anecdótico si no se encadenara directamente con lo sucedido en la única instancia de participación que hubo, y con la sesión de la Legislatura de Chubut donde se modificó la Ley de Zonificación Minera. Sorprende que el Gobierno no haya sacado conclusiones de un proceso que sucedió hace un par de semanas nada más.
Sobre este manto de sospechas en el que se parió la habilitación y en pleno fuego cruzado, los funcionarios involucrados y la totalidad del Ejecutivo Nacional se llamó a silencio durante unos eternos seis días, y esperó a que sucediera una movilización para emitir una palabra sobre su decisión. Y no fue más que una defensa irrestricta de la actividad. Como si la gacetilla de prensa se hubiese trabado en la bandeja de salida el 30 de diciembre de 2021. O peor aún, como si se pretendiera anular vía omisión a quienes se manifestaron en contra.
Seis días de silencio para que la respuesta oficial sean más hilos de twitter e informes en los canales amigos abonando la idea de que existe un “ambientalismo falopa”. Un conflicto territorial que excede los márgenes de la política partidaria no se resuelve con mensajes a la minoría intensa. A una movilización popular, ¿se le responde con la descalificación?
Digamos, sin embargo, que el punto partida de esta discusión candente representa un salto cualitativo en la gramática del debate público: el enfrentamiento entre economistas «desarrollistas» y activistas ambientales es, al fin y al cabo, aunque se haya dado en forma desleal, una discusión sobre los modelos de desarrollo posibles y deseables en la Argentina. Y aunque siempre se le reclama profundidad a los asuntos de la agenda pública, en este caso la política está errando a la hora de encauzarlo.
Reducir la política a un debate entre posturas intransigentes es vaciarla y quitarle sentido a su actividad. La política en democracia, así como el debate en el campo de las ideas, es una puesta en forma inacabada, no-absoluta por definición, que alberga la duda y no las certezas totalizantes que clausuran el debate y se nos presentan como verdades reveladas. No es responsable aseverar que no existe chance alguna de contaminación del Mar Argentino porque la tendencia de los accidentes tiene curva descendente en los últimos años, como tampoco es responsable aseverar que el Estado tenga plena capacidad para evitar incidentes, su debilidad para ser persuasivo en los controles de producción de cualquier commoditie está a la vista de todos y registra antecedentes trágicos: pensemos en los incidentes ambientales y los numerosos derrames en Vaca Muerta, Neuquén; en los derrames tóxicos sobre el agua en Famatina, La Rioja; o en la contaminación de los cauces de agua de San Juan y la violación de decenas de normas ambientales durante el desarrollo megaminero en Pascua Lama. Tampoco es serio ni responsable replicar la letanía terrorista de Greenpeace y su fotomontaje absurdo en el que dos actores aparecen manchados con petróleo en alguna playa de vaya uno a saber qué país, agitando fantasmas improbables.
Falló la política, en su incapacidad de emparentar un desarrollismo aparentemente necesario con una representación que la sustente: falló el deber de los representantes de hablar con la gente, a la gente y desde la gente. Faltó virtud para transmitir las decisiones de la superestructura política de representación al territorio en el que dichas decisiones se cristalizan materialmente. El Gobierno tiene deberes que cumplir en el terreno de la representatividad y también en el de la institucionalidad, que no se relegan a un segundo plano por el buen o mal vínculo que mantenga con sus votantes.
No pretendemos un justo medio promedial, postura tan conservadora como absurda, sino más bien remarcar que nunca una política sin consenso social es sostenible a largo plazo, en ningún sentido de la palabra. Para erigir un modelo de desarrollo posible y sostenible hay que planificar el modo de explotación de los recursos naturales, delimitando áreas estratégicas, impulsando una redistribución real de las rentas obtenidas, fortaleciendo mecanismos claros de control de capitales para evitar la cultura de la fuga a la que nos hemos acostumbrado y hacer de todo este cúmulo de elementos una agenda de la sociedad que la sustente. Si la representación se trunca, tener la razón no alcanza.
Los límites del mar y los límites de la política
La jurisdicción sobre el océano es nacional y provincial (Ley 18.502). La jurisdicción provincial tiene establecido un límite de hasta 12 millas (19 kilómetros) de la costa, lo cual resulta lógico. Más allá de esa distancia la jurisdicción es nacional. En ningún caso, conviene aclarar, esa jurisdicción es municipal. Es decir que la presentación judicial impulsada por el Intendente de General Pueyrredón sobre una potencial explotación a más de 300 kilómetros de la costa es solamente panfletaria: lo más probable es que Guillermo Montenegro no ignore este asunto y sin embargo ensaye una presentación judicial a modo de gestualidad política con la ciudadanía que representa, genuinamente temerosa de una posible contaminación de las playas.
Nadie ignora que Argentina es un país que necesita ingresar divisas por la exorbitante deuda que pesa sobre sus espaldas, la inconcebible cifra de pobreza que supera el 40% y la necesidad de continuar desarrollando la industria, fortaleciendo el aparato productivo. El Gobierno Nacional tiene tan claro eso como así también la necesidad de dotar de músculo a la tan mentada «transición energética», que debe dejar de ser una entelequia para pasar a encontrar asidero en la realidad. Para ambos objetivos, el de la transición energética de la matriz de abastecimiento hacia energías limpias y renovables y el del desarrollo con inclusión social, debemos sustituir importaciones. No casualmente, el período 2003-2011, en el que aconteció una sensible reducción de la pobreza, fue también el período en el que se triplicaron las exportaciones y la economía se ensanchó creciendo durante años con superávits gemelos. Si miramos el ejemplo de crecimiento económico boliviano entre el 2005 y el 2013, estos números se acentúan aún más.
Si no apostamos a fortalecer la industria corremos, entre otros, el riesgo de reprimarizar nuestra matriz productiva tornándola agrocentrista y dependiente de los commodities de turno; que pueden ser la soja y el maíz pero también el litio y el petróleo. Los dólares que nos hacen falta no los necesitamos para comprar molinos eólicos, como afirmó el Ministro de Ambiente, los necesitamos para fortalecer la tecnología eólica propia que ya tenemos y seguir sustituyendo importaciones de las potencias extranjeras a las que les compramos conocimiento, mientras que ellos nos compran materias primas. Necesitamos, también, refinar esos insumos primarios y agregarles valor, tal como hace Chile con el cobre que fabrica, y como aspira a hacer el Ministerio de Desarrollo Productivo con las baterías de litio y el cannabis medicinal, entre otros. En cualquier caso, si existe preocupación sobre cómo se reparten las ganancias de un negocio teóricamente bueno para el país, el trabajo del Ministro es informar de cuánta plata se trata y asumir los compromisos jurídicos de esa supuesta reinversión en la conversión de la matriz energética que justificaría el riesgo.
Un gobierno que se asume de corte progresista debe ser virtuoso a la hora de administrar la inversión extranjera y su armonía con el capital y el interés nacional, así como la administración de un equilibrio lo más armónico posible entre ambiente, desarrollo y consumo, evitando la disforia que se da habitualmente con este último elemento. Pero además, se debe estimular en cada desarrollo extractivo la generación de un robusto encadenamiento productivo que emplee a las comunidades locales y provoque el desprendimiento de actividades secundarias: en este sentido, los hidrocarburos tienen un efecto multiplicador muy grande.
A este respecto, Álvaro García Linera arriesgó las siguientes palabras durante una conferencia magistral brindada en la Universidad Nacional de Villa María: “500 años de economía extractiva no las he de cambiar en un año (…) necesitas un período pequeño de utilizar temporal y selectivamente el extractivismo para adquirir los recursos necesarios para financiar educación, salud, carreteras y universidades que te permitan en los siguientes diez o quince años dejar de usar el gas, dejar de usar el mineral para vivir del conocimiento, de la agricultura, de los servicios… Necesitas dinero para crear condiciones básicas ausentes. ¿Qué condiciones básicas puede tener un país en el que más del 40% de su gente vive en la extrema pobreza?”
La traducción sencilla de este intento de equilibrio entre la naturaleza y el afán del género humano en transformarla en mercancía hace doce mil años de historia, es que a mayor dependencia económica y menor desarrollo tecnológico, más extractivismo se requiere para sostener los actuales niveles de consumo de la población; específicamente el consumo de las grandes potencias, cuyo impacto sobre la casa común es muchísimo más destructivo que el de los países del Sur global, como señala el Papa Francisco en Fratelli tutti: para graficarlo, si la Argentina consumiera la misma electricidad per cápita que Estados Unidos, necesitaría multiplicar por cinco la energía que utiliza.
Si la explotación y exportación de recursos naturales y materias primas es, entonces, una condición ineludible para la transición energética, el desarrollo con sustitución de importaciones y la soberanía en la matriz productiva nacional, un proyecto off shore con participación de YPF en el que se establece que hasta un 50% de las exportaciones que provoque el proyecto extractivo serán para la empresa nacional, y en el que el Estado participa como contralor por primera vez a través de la autorización del Ministerio de Ambiente luego de un estudio de impacto ambiental, entonces no tenemos grandes desacuerdos con el proyecto.
Sin embargo, ahora que el asunto tomó tal relevancia pública, la participación ciudadana se puede permitir mejorarlo: ¿cuántos de los insumos requeridos para la exploración y la explotación los aportarán proveedores locales? Trabajemos en reglamentos que lo fijen en porcentajes altos y estimulen el desarrollo de un encadenamiento productivo provechoso para las comunidades locales. ¿Puede establecerse, como parte de las regalías de la firma noruega Equinor, un fondo destinado a inversiones en energías limpias y renovables que de acá a diez años nos permita incrementar la representación porcentual de estas últimas en la matriz energética argentina? Si el horizonte de transición es el de abandonar los hidrocarburos dentro de veinticinco años, entonces es hora de trabajar en el diseño de una planificación minuciosa del horizonte largoplacista y, de ese modo, ahorrarnos la confianza ciega en el condicional.
La gestión del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ha mostrado direcciones claras en ese sentido. La capitalización de IMPSA, gigante energético estratégico con amplia trayectoria en la rama hidroeléctrica en el que ahora el Estado tiene participación accionaria, es sin duda una apuesta grande; también lo fue el anuncio de la inversión de capital más importante en lo que va del Siglo XXI, la instalación de una zona franca de producción de hidrógeno verde en Río Negro, proyecto que planifica incrementar el volumen de energías limpias en el país y también exportar en grandes cantidades a países de Asia y Europa; por último, el Gobierno argentino fue determinante a la hora de aglomerar a los países latinoamericanos integrantes del Mercosur en posiciones conjuntas para firmar acuerdos y compromisos en las distintas cumbres mundiales de clima, a la vez que impulsó en el plano local iniciativas como la Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable para que en el año 2041 la producción automotriz en la Argentina sea sin huella de carbono.
Sería necio obviar la urgencia que representa para cualquier idea de futuro el cambio climático y la crisis ecológica. Como sería aún más necio obviar que quienes sufren con mayor crudeza la crisis ambiental -sus incendios, aguas contaminadas, efectos adversos en la salud e inundaciones- suelen ser las comunidades de las pequeñas ciudades y áreas rurales aledañas a los proyectos extractivos: eso debe estar presente en el ABC de cualquier marco ideológico humanista.
La pandemia amagó con dar un cimbronazo en el modo de producción capitalista y en la administración de la vida del planeta, pero esa idea de preservar la vida por sobre la riqueza -y su concentración- se escurrió pronto. El consumo mantiene un aumento galopante que nadie pretende amenazar y lo propio sucede con la demanda de hidrocarburos, en alza a pesar de los compromisos internacionales de desincentivación de combustibles fósiles.
El escenario argentino, entonces, es de una singularidad y complejidad severa. La inestabilidad macroeconómica limita la capacidad de acción del Estado en todas sus aristas, degradando tanto su potencial regulatorio ambiental como también el control de capitales y la estabilidad cambiaria: pensemos a partir del consumo de energía lo emparentado que se encuentran estos elementos observado el costo de las tarifas eléctricas, los subsidios que reciben por parte del Estado y el impacto de estos últimos en la cifra de déficit fiscal.
La necesidad de divisas para ordenar el desequilibrio macroeconómico se combina, como sostuvimos anteriormente, con la imperiosa urgencia de financiar la transición energética, la protección de las economías sensibles y la industrialización de áreas estratégicas, generando empleo para los argentinas y argentinas que integran las extensas filas de la pobreza, nuestra mayor tragedia. Decimos esto sin ignorar el peso de la deuda contraída por la administración Macri, que somete a la postración a ésta y a las futuras generaciones. La falta de responsabilidad internacional, por parte de los organismos financieros en relación a las deudas, y por parte de los países desarrollados en su nula transferencia de fondos a los países pobres, configuran un escenario de encerrona en el que resulta imprescindible el desarrollo productivo con aumento de exportaciones que, no nos hagamos los zonzos, entra rápidamente en contradicción con la crisis ambiental. Como dijo Álvaro García Linera, cambiar la matriz extractiva de un día para otro no es posible, lo sabemos, pero ese norte no debe perderse de vista ni tampoco confundirse en su relevancia. Mitigar, controlar, planificar, transicionar y redistribuir son los elementos con los que debemos transitar la salida del laberinto.
Revista Rándom. Fantasmas de lo nuevo 