«Que todos se enteren, que todos decidan»

Por Cristian Poczynok

“Salga como salga esto, cuando volvamos a nuestros barrios, tenemos que armar todas las Mesas de Gestión que faltan, para pedirles a las intendencias y a las gobernaciones, el 25% que marca la Ley, para que tengamos trabajo y salario justo para todos los compañeros de la economía popular”.

Alberto Larez, 27 de octubre de 2022. En la puerta del Congreso de la Nación, a vísperas del tratamiento de la Ley en el Senado.

1992, domingo 4 de octubre. 10 de la mañana. Era día de asamblea barrial en el barrio 1º de Octubre de Villa Fiorito. Las familias comenzaron a llegar y sobre una hoja de cuaderno rayada a modo de Acta, titulada “Asistentes a la Asamblea del 4/10/92 Foja Nº05”, cada uno/a fue firmando la planilla y aclarando con su nombre, circulando de mano en mano. Son varias carillas, abrochadas, porque la convocatoria fue masiva.

Habían pasado tres años desde la toma, un 1º de octubre de 1989. Ese día un grupo de familias ocuparon un baldío que estaba a pocos metros sobre el nivel del mar, en las inmediaciones del río Matanza-Riachuelo, a la vera del arroyo Unamuno que desembocaba ahí nomás. Un terreno que funcionaba como basural a cielo abierto, sobre el que desechaban los residuos industriales las curtiembres de la zona.

Ya se había producido la transición de gobierno entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Eran las postrimerías de una década turbulenta que arrojó como resultado el nacimiento de 605 villas y asentamientos precarios como producto de la ausencia de políticas de tierra y vivienda, y de la destrucción de las industrias y el empleo. Estas tomas, que en la década de los 70 fueron 351, se habían duplicado en los 80, mostrando los resultados del desguace dictatorial.

En los meses previos a octubre de 1989, la hiperinflación se desató y voló por los aires. Fue el correlato del fracaso de los planes de estabilización “Austral” y “Primavera”, de un gobierno abrumado por el peso de la deuda externa y sobre el cual arraigaba una concepción económica y social cada vez más neoliberal.

Las tomas de tierras fueron, en gran medida, consecuencia de la clausura de los “loteos populares”, un mercado legal que favorecía el acceso a tierras con baja dotación de infraestructura y mediante cuotas, tan difundidos entre los años 40 y los 70 que permitieron el acceso a una porción de tierra para muchas familias. El Decreto-Ley 8912 de la provincia de Buenos Aires de 1977 fue celebrado por las y los urbanistas de entonces, profesionales del amplio espectro de la política, que realzaba la potestad del Estado en su artículo 15. Allí señala que los Municipios deben asegurar estudios de la factibilidad de los “servicios esenciales”, con un “Plan Director” que justifique las dimensiones del espacio a lotear, las normas de uso y ocupación del suelo y el desarrollo de la red primaria de servicios.

El problema radicaba en que ese Decreto-Ley fue “una solución europea para los problemas argentinos”. Se realzaba el rol del Estado en las urbanizaciones, en un contexto autoritario y dictatorial, que anuló el loteo popular. Los militares pretendieron ordenar la cuestión urbana con una política económica que iba en el sentido contrario porque apuntaba al achique del Estado y la pulverización de la inversión pública en materia de viviendas y servicios. El resultado fue el freno absoluto de los loteos por parte de las y los propietarios, en favor de la especulación de éstos que aguardaron que el Estado desarrollara el “Plan Director” y asegurara la infraestructura necesaria que cumpliera los requisitos del Decreto-Ley. En el interín, se valorizaban los terrenos con una inversión realizada por el sector público, una plusvalía inmobiliaria que la inversión pública generaba y que se quedaba en manos del particular, algo que la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat del 2012 (que cumple una década) busca paliar aún sin muchos resultados.

Mientras tanto, las familias más humildes que habitaban el suelo argentino se las apañaban para sobrevivir la debacle. Los sueldos pulverizados y la imposibilidad de asegurar un techo para las familias derivaron en la multiplicación de las tomas de tierras.

Esa asamblea del domingo 4 de octubre de 1992 fue convocada con un “Boletín Barrial” realizado por el “Grupo promotor de Asociación Amigos Defensa del Barrio 1º de Octubre”. En dos páginas se dirigían a aquel vecino/a “que está decepcionado porque en estos 3 años de vivir en el barrio ha escuchado cientos de palabras y promesas de punteros y ‘hombres mágicos’ que con un buen discurso arreglan todo. Pero luego desaparecen o nunca muestran obras.” De allí que la invitación dijera, de manera explícita, “buscar vecinos que crean que las únicas herramientas para cambiar esta realidad son la participación de todos y la unidad del barrio, porque todos somos iguales con derechos y necesidades, y la transparencia de las cosas, que todo se sepa, que nada se oculte, que todos se enteren, que todos decidan”. Continuaba ese boletín con un detalle, manzana por manzana, de las tareas que estaba la Asociación: el relleno de los pozos de las calles, el emparejamiento de las calles con anegamiento, la normalización del tendido de luz, la construcción de tramos de veredas, los zanjeos para los desagües de las calles, y sigue la descripción. Todo con aportes de las familias, muy alejado de la mirada de un autor que denomina despectivamente como “punteros, malandras y porongas” a la organización barrial.

No era una tarea aislada, un ímpetu pasajero de algunos/as. El 24 de octubre de 1990, este mismo grupo, que aún guarda las boletas como resguardo de la memoria de un pueblo, había juntado por sus propios medios los recursos suficientes para la compra de 900 metros de caño para la extensión de una red de agua para las familias que habitaban.

Los barrios populares, como el 1º de Octubre de Fiorito, nacieron sobre las cenizas y las miserias que impusieron las políticas autoritarias y neoliberales. Sobre la ausencia del Estado y la restricción del acceso a la tierra. Una tierra y un techo que pudieron garantizarse con una inversión de magnitudes inconcebibles en términos de trabajo y ahorro comunitario, que implica lisa y llanamente que un basural a cielo abierto se convirtiera en la residencia de más de 350 familias. Unas tierras que, con el tiempo, formarían parte de la Causa Mendoza con sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el 2008 por daño medioambiental que sufrieron las familias pobladoras.  

Esta solidaridad y búsqueda de transparencia, esta especie de economía moral que revela ese boletín, y que aún anida entre las clases populares, se contrapone al individualismo y la meritocracia neoliberal que revoloteaba en las entrañas de las dirigencias políticas y que hoy día parece volver a impregnarse en una parte de la política.

Esta mirada de las y los de abajo de la patria, chocaba de frente con que tenían sobre las empresas públicas de servicios el conjunto de la política argentina de esos años 80. Los borradores que circularon en el equipo económico alfonsinista implicaron una política de privatización de los servicios públicos, que finalmente terminó llevando a cabo el gobierno menemista. Si Juan Carlos Torre en su artera, sincera y locuaz memoria política biográfica hablaba de estos temas sin ponérselos en entredicho, será el justicialismo quien desencadene la privatización del servicio eléctrico desde diciembre de 1991, cambiando el marco regulatorio, pero fundamentalmente entre febrero de 1992 y julio de 1992.

De hecho, la asamblea de ese día domingo de 1992 se tradujo en el respaldo a la Asociación vecinal que la había convocado y el ímpetu en las gestiones por la electricidad. A fines de ese mes de octubre, se dirigieron al “Señor Director de SEGBA” (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, la empresa pública ya privatizada) con la finalidad de solicitar una entrevista para “conocer el estado de situación” de los proyectos para la provisión de servicio, recordando que ya en abril demandaron lo mismo. En mayo de 1993, en cambio, la Asociación amplió su destinatario ante la novedad de la privatización porque, además de remitir la nota al “Señor Gerente de EDESUR S.A.”, apeló al Intendente Municipal del partido de Lomas de Zamora y al Honorable Concejo Deliberante. Con el tiempo, este barrio lograría acceder a que cada familia sea usuaria del servicio, pero no ocurrió lo mismo con más del 90% de los barrios populares del resto del país.

Casi cuarenta años más tarde, Alberto Larez que tomó ese baldío de Fiorito buscando donde vivir con su familia y organizó la Asociación vecinal, es expresión de las esperanzas de un pueblo que se organiza en su búsqueda de resolver los problemas cotidianos. “Nadie se salva solo” es una frase que encarna en alma y vida de quien sigue viviendo en su barrio junto a Juana Sena, otra referente entrañable de Fiorito, y que ahora son propietarios de su vivienda hace menos de un año.

Este octubre de 2022, a pocos días de que venciera la prohibición de desalojos de los más de 5.687 barrios populares, se votó la reforma de la Ley de Barrios Populares o Ley de Integración Socio Urbana, la 27.453. Fue acompañada prácticamente por unanimidad tanto en Diputados como en Senadores de la Nación, al igual que en el 2018, cuando se declaró la utilidad pública de las tierras sobre las cuales están asentadas las familias, quedando sujetas a la potestad del Estado de expropiar y resguardar los derechos de las y los propietarios como también el respeto y resguardo del derecho de la posesión de quien habitan los barrios. Esta seguridad del conjunto fue garantizada previamente por el Decreto-Ley 358/17 que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), delimitando las cualidades de los barrios incorporados. Ya no hay excusas jurídicas para la falta de inversión pública.

Asimismo, la Ley incorpora una perspectiva creadora de empleo, en la medida en que promueve que el 25% de lo ejecutado sea realizado por Cooperativas de Trabajo de la economía popular. Finalmente, promueve la participación política de la comunidad con una perspectiva de género, dado que incentiva el desarrollo de Mesas de Integración Barrial en los procesos de integración de barrios, en las cuales formen parte las instituciones y organizaciones como también los diferentes niveles del Estado.

Entre esos años de 2016 al 2018, Alberto fue promotor territorial de los relevamientos y del Proyecto de Ley, nacido a iniciativa los movimientos populares (CTEP, Techo y Cáritas), que buscaron construir una Ley sencilla, transparente y operativa para la integración socio urbana. Esta vez, en el 2022, estuvo adentro de Diputados primero y de Senadores después. En la primera de ellas, pudo escuchar a una vecina y compañera suya, Natalia Zaracho, que vive a pocas cuadras de su casa en Fiorito, defender una Ley que considera “suya”. Esta vez, también, estuvo a la cabeza de la movilización popular junto a otros/as referentes/as de todo el país de la Mesa Nacional de Barrios Populares, que promovió por adentro y fuera de las instituciones del Estado, la necesidad de mantener vigente la Ley de los barrios populares.

Aun así, más de cuarenta años después de esa toma de 1989, el servicio eléctrico no logra garantizarse en la abrumadora mayoría de los barrios. A la vez, los gobiernos debaten el problema de las tarifas y los costos del servicio. Pero no se pone en entredicho el sustento neoliberal sobre el cual continúa funcionando un servicio que está focalizado más en la garantía de la ganancia empresarial antes que el acceso a un derecho esencial resguardado por la Constitución Nacional, y continúa sin promover la inversión en infraestructura eléctrica que tienen que realizar las empresas privadas encargadas de la distribución.

Queda mucho por delante, pero tal vez un poco menos cuando la agenda de las y los humildes se antepone a los privilegios de una minoría.

*La imagen que ilustra el presente artículo fue tomada por la fotógrafa Carmel Sabino el día en que el Senado de la Nación debatió la sanción que dio prórroga a la Ley de Integración Socio Urbana de Barrios Populares.